20 nov (Reuters) -La expulsión por parte de Israel de decenas de miles de palestinos de tres campos de refugiados de Cisjordania a principios de 2025 equivale a crímenes de guerra y contra la humanidad, afirmó el jueves Human Rights Watch (HRW), que pidió medidas internacionales urgentes para exigir responsabilidades a los dirigentes israelíes y poner fin a nuevos abusos.
El grupo de derechos humanos señaló que unos 32.000 residentes de los campos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams fueron desplazados a la fuerza por las fuerzas israelíes durante la “Operación Muro de Hierro” en enero y febrero. A los desplazados se les ha prohibido regresar y se han demolido cientos de viviendas, según el informe de 105 páginas del grupo, titulado “All My Dreams Have Been Erased” (“Todos mis sueños han sido borrados”).
“Diez meses después de su desplazamiento, ninguna de las familias residentes ha podido regresar a sus hogares”, dijo el miércoles a Reuters Milena Ansari, investigadora de Human Rights Watch que trabajó en el informe.
El ejército israelí dijo a Reuters el miércoles que necesitaba demoler la infraestructura civil para que no pudiera ser explotada por milicianos. No precisó cuándo podrían regresar los residentes.
“VIVIMOS UNA VIDA MUY DURA”
Los Convenios de Ginebra prohíben el desplazamiento de civiles de territorios ocupados, salvo temporalmente por razones militares imperativas o por su seguridad. HRW afirmó que los altos cargos responsables deben ser procesados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.
El informe describe cómo los soldados asaltaron viviendas, saquearon propiedades y ordenaron a las familias que se marcharan a través de altavoces montados en drones. Los residentes denunciaron que las excavadoras arrasaban los edificios mientras huían y que las fuerzas israelíes no ofrecían refugio ni ayuda, por lo que las familias tenían que apiñarse en casas de parientes o buscar refugio en mezquitas, escuelas y organizaciones benéficas.
Hisham Abu Tabeekh, expulsado del campo de refugiados de Yenín, dijo que su familia no pudo llevarse nada cuando fueron expulsados.
“Estamos hablando de no tener comida, ni bebida, ni medicinas, ni gastos… estamos viviendo una vida muy dura”, dijo Tabeekh, en declaraciones a Reuters el miércoles.
Human Rights Watch dijo que entrevistó a 31 palestinos desplazados de los tres campamentos y analizó imágenes por satélite, órdenes de demolición y vídeos verificados. Encontró más de 850 estructuras destruidas o gravemente dañadas, mientras que una evaluación de la ONU situaba la cifra en 1.460 edificios. Los campos, establecidos en la década de 1950 para los palestinos desplazados con la fundación de Israel en 1948, habían albergado a generaciones de refugiados.
Human Rights Watch dijo que, en respuesta, los dirigentes israelíes habían escrito que la operación iba dirigida contra lo que ellos llamaban elementos terroristas, pero no dieron ninguna razón para las expulsiones masivas o la prohibición del retorno.
HRW afirmó que las expulsiones, llevadas a cabo mientras la atención mundial se centraba en Gaza, forman parte de los crímenes contra la humanidad de apartheid y persecución.
(Información de Howard Goller, Pesha Magid, Ammar Awad, Sinan Abu Mayzer y Mohammad Torokman; edición de Alex Richardson; edición en español de Paula Villalba)
