Por Ju-min Park
SEÚL, 12 nov (Reuters) -Corea del Sur copatrocinará una resolución anual de la ONU que plantea la preocupación por el estado de los derechos humanos en Corea del Norte, según anunció el miércoles el Ministerio de Asuntos Exteriores, desafiando algunas expectativas de que Seúl podría negar su apoyo para no molestar a Pionyang.
Corea del Norte ha denunciado en el pasado la resolución y bajo un Gobierno liberal anterior, Seúl no la apoyó en un intento de mejorar los lazos con el Norte.
Corea del Sur apoyó las resoluciones sobre derechos humanos entre 2008 y 2018, antes de optar por no respaldarlas entre 2019 y 2022 bajo el mandato del expresidente Moon Jae-in por temor a que afectara negativamente a las relaciones intercoreanas.
Seúl se reincorporó como copatrocinador en 2023 bajo el mandato del expresidente conservador Yoon Suk-yeol.
El líder liberal Lee Jae-myung asumió el cargo en junio, prometiendo restablecer el diálogo con Pionyang para aliviar la tensión entre ambos países, pero Corea del Norte ha rechazado sus esfuerzos hasta ahora.
A finales de octubre, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch enviaron una carta abierta a Lee instándole a “adoptar una postura de principios ante las graves violaciones de los derechos humanos por parte de Corea del Norte” con el copatrocinio de la resolución de la ONU.
“Nuestro gobierno cree que de verdad es importante mejorar los derechos humanos de los norcoreanos y seguirá cooperando con la comunidad internacional para lograrlo”, dijo el ministerio en un comunicado.
“Por ello, esta vez participamos como copatrocinadores de la resolución sobre los derechos humanos en Corea del Norte”, añadió.
Corea del Norte ha negado los abusos, acusando a la ONU y a países extranjeros de intentar utilizar los derechos humanos como arma política para atacar al país, mientras se presenta como una “utopía socialista”.
La situación general de los derechos humanos en Corea del Norte no ha mejorado en la última década y en muchos casos se ha degradado, provocando aún más sufrimiento a la población, afirmó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en un informe de septiembre.
Los campos de prisioneros políticos siguen en funcionamiento, mientras que la libertad de expresión y el acceso a la información se han debilitado significativamente, con nuevos y severos castigos que incluyen la pena de muerte, según el informe.
(Información de Ju-min Park; edición de Ed Davies; edición en español de María Bayarri Cárdenas)
