Por Andrew Chung y John Kruzel y Jan Wolfe
WASHINGTON, 5 nov (Reuters) -Los jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos plantearon el miércoles dudas sobre la legalidad de los aranceles generalizados del presidente Donald Trump en un caso con implicaciones para la economía mundial que además supone una importante prueba para los poderes de Trump.
Tanto los jueces conservadores como los progresistas cuestionaron enérgicamente al abogado que representa al Gobierno de Trump sobre si una ley de 1977 destinada a ser utilizada en situaciones de emergencia nacional otorgaba a Trump los poderes de los que hizo uso el mandatario para imponer aranceles o si el presidente republicano había usurpado las competencias del Congreso.
Sin embargo, algunos de los jueces conservadores también hicieron hincapié en la autoridad inherente de los presidentes para tratar con otros países, lo que sugiere que podría haber una marcada división en el tribunal en lo que respecta al desenlace del caso. El tribunal tiene una mayoría conservadora de 6 a 3.
Los argumentos, que duraron más de dos horas y media, se presentaron en apelaciones del Gobierno después de que los tribunales inferiores dictaminaran que el uso sin precedentes de la ley en cuestión por parte de Trump para imponer los aranceles excedía su autoridad. Empresas afectadas por los aranceles y 12 Estados del país, la mayoría de ellos gobernados por demócratas, impugnaron los aranceles.
“POTESTAD FUNDAMENTAL”
El presidente conservador del Tribunal Supremo, John Roberts, dijo al fiscal general adjunto de Estados Unidos, John Sauer, que representa al Gobierno, que los aranceles son “la imposición de impuestos a los estadounidenses, y eso siempre ha sido una potestad fundamental del Congreso”.
Los aranceles —impuestos sobre los productos importados— podrían suponer unos ingresos de billones de dólares para Estados Unidos durante la próxima década. La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la autoridad para imponer impuestos y aranceles.
Roberts sugirió que el tribunal podría aplicar su doctrina de “cuestiones importantes”, que exige que las acciones del poder ejecutivo de gran importancia económica y política estén claramente autorizadas por el Congreso.
“La justificación se está utilizando para obtener la facultad de imponer aranceles a cualquier producto, de cualquier país, en cualquier cantidad y durante cualquier periodo de tiempo. No estoy sugiriendo que no exista, pero parece que se trata de una autoridad de primer orden, y la base de dicha pretensión parece ser inadecuada”, afirmó Roberts.
El Tribunal Supremo aplicó la doctrina de las “cuestiones importantes” para derogar políticas clave del predecesor demócrata de Trump, Joe Biden.
Trump ha ejercido una gran presión sobre el Tribunal Supremo para que mantenga los aranceles que ha utilizado como herramienta clave de política económica y exterior. Una sentencia en contra de Trump supondría un giro significativo para el tribunal, que le ha respaldado en una serie de decisiones que permiten, de forma provisional, sus drásticas medidas en ámbitos tan variados como la represión de la inmigración, el despido de empleados de agencias federales y la prohibición de soldados trans.
Trump invocó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) para imponer aranceles a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. La ley permite al presidente regular el comercio en caso de emergencia nacional. Se convirtió en el primer presidente en utilizar la IEEPA con este fin, una de las muchas formas en que ha traspasado los límites de la autoridad ejecutiva desde que volvió al cargo en enero.
La jueza conservadora Amy Coney Barrett cuestionó a Sauer sobre su afirmación de que el texto de la IEEPA que otorga a los presidentes poderes de emergencia para regular las importaciones incluye los aranceles.
“¿Puede señalar algún otro lugar del código o algún otro momento de la historia en el que esa frase, ‘regular las importaciones’, se haya utilizado para conferir la autoridad de imponer aranceles?”, preguntó Barrett a Sauer.
La jueza progresista Ketanji Brown Jackson dijo que la IEEPA tenía por objeto limitar la autoridad presidencial, no ampliarla.
“Está bastante claro que el Congreso se propuso limitar los poderes de emergencia del presidente”, dijo Jackson.
Aunque el Tribunal Supremo suele tardar meses en emitir sus fallos tras escuchar los argumentos, la administración le ha pedido que actúe con rapidez en este caso, aunque aún no está claro cuándo se tomará la decisión.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que asistió a los argumentos el miércoles, ha dicho que si el Tribunal Supremo falla en contra de Trump, el Gobierno recurrirá a otras autoridades judiciales para garantizar que sus aranceles sigan vigentes. Bessent declaró posteriormente en el programa “Kudlow” de Fox Business Network que salió de los alegatos “muy, muy optimista”.
Trump ha impuesto algunos aranceles adicionales invocando otras leyes. Esos no son objeto de debate en este caso.
(Reporte de Andrew Chung, John Kruzel y Jan Wolfe en Washington; información adicional de David Lawder; edición de Will Dunham; editado en español por Tomás Cobos)
