LONDRES, 4 nov (Reuters) -Reino Unido introducirá un nuevo delito penal por el que se prohibirán las protestas ante los domicilios de cargos electos, jueces y concejales, en el marco de una campaña para frenar el acoso y la intimidación en la política.
Según el proyecto de Ley sobre Delitos y Poderes Policiales (“Crime and Policing Bill”), la policía estará facultada para impedir manifestaciones que tengan por objeto influir en los funcionarios en el desempeño de sus funciones públicas o en su vida privada, informó el martes el Gobierno. Los condenados podrían enfrentarse a penas de hasta seis meses de cárcel.
“El nivel de abuso al que se enfrentan quienes participan en la política británica es realmente escandaloso: es una amenaza para nuestra democracia”, dijo en un comunicado el ministro de seguridad, Dan Jarvis.
“La gente debería poder participar en nuestra política sin temer por su propia seguridad o la de su familia”, añadió.
Una encuesta parlamentaria reveló que el 96% de los parlamentarios británicos habían sufrido acoso, mientras que un organismo independiente que supervisa las elecciones en Reino Unido afirmó que más de la mitad de los candidatos en las últimas elecciones generales sufrieron amenazas o intimidación.
Antes de ganar las elecciones del año pasado, el ahora primer ministro Keir Starmer fue blanco de ataques, cuando activistas propalestinos dejaron zapatos de niños y una pancarta frente a su casa de Londres, instándole a respaldar un embargo de armas contra Israel.
En 2023, el entonces primer ministro Rishi Sunak se enfrentó a protestas de activistas climáticos ante sus residencias de Londres y North Yorkshire.
Según el Gobierno, el proyecto de ley también introducirá nuevos delitos relacionados con las tácticas de protesta, como la prohibición de escalar monumentos conmemorativos de la guerra, utilizar bengalas o fuegos artificiales y llevar la cara tapada para ocultar la identidad en las zonas de protesta designadas.
Los ministros afirman que las medidas están diseñadas para proteger las instituciones democráticas y garantizar la seguridad pública, mientras que los críticos advierten de que podrían restringir aún más el derecho a la protesta.
El proyecto de Ley sobre Delitos y Poderes Policiales está actualmente en trámite parlamentario y se espera que reciba el visto bueno real el año que viene.
(Información de Sam Tabahriti; edición de Sarah Young; edición en español de Paula Villalba)
