LIMA, 3 nov (Reuters) -Perú rompió relaciones diplomáticas con México por otorgar asilo a una exprimera ministra del destituido exmandatario peruano Pedro Castillo, anunció el lunes el canciller de la nación andina en la última disputa política entre ambos gobiernos.
Ambos países no tenían respectivos embajadores desde inicios del 2023, durante el gobierno del exmandatario izquierdista de México, Andrés Manuel López Obrador, que había defendido al izquierdista Castillo que intentó disolver el Congreso peruano a fines del 2022 y que ahora enfrenta cargos de rebelión.
El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela dijo más temprano que México cometió un “acto inamistoso” al abrir un proceso de asilo a la exprimera ministra Betssy Chávez, que fue la última jefa del gabinete de ministros de Castillo, que cumple un arresto preventivo en una penal de Lima.
“Hoy hemos conocido con sorpresa y profundo pesar que la exprimera ministra (…) esta siendo asilada en la residencia de la embajada de México en Perú”, señaló el funcionario.
“Frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas ocasiones en que la actual y el anterior Presidente de ese país han interferido en los asuntos internos de Perú el gobierno peruano ha decidido en la fecha romper relaciones diplomáticas con México”, afirmó en una conferencia de prensa.
Mas tarde, el Gobierno de México lamentó en un comunicado la decisión unilateral “excesiva y desproporcionada” de Perú de romper las relaciones entre ambos países, y defendió su posición de otorgar asilo diplomático a Chávez “como respuesta a un acto legítimo y apegado a derecho internacional de nuestro país”.
El nuevo nivel de relaciones entre ambos países ocurre semanas después de que asumiera como presidente en Perú José Herí, un exjefe del Congreso y primero en la línea de sucesión tras la destitución de la exmandataria Dina Boluarte acusada en el Congreso por incapacidad moral para gobernar.
México mantiene en asilo político desde fines del 2022 a los hijos del destituido exmandatario y a su esposa, Lilia Paredes, que está siendo investigada en Perú por presuntamente integrar una red de lavado de dinero que involucraría a Castillo.
Chávez, que fue primera ministra poco más de dos semanas antes de la caída de Castillo, estaba siendo procesada por el presunto delito de conspiración contra el Estado y participación en el intento de cerrar el Congreso.
La exfuncionaria, que fue también legisladora, había estado en prisión desde junio del 2023 y fue liberada por un juez en septiembre de este año para asumir su defensa en libertad.
Su abogado Raúl Noblecilla, dijo a la radiomisora local RPP que no conocía el paradero de Chávez desde hace varios días, tampoco sabía que se había iniciado un proceso de asilo.
“Ella tiene el derecho como cualquier ser humano cuando es perseguido político acudir a un Estado para evaluar y conceder o no ésta protección, no podemos confirmar nada”, dijo.
La fiscalía ha solicitado 25 años de prisión para Chávez, que ha negado conocer en su momento el plan de Castillo.
De Zela manifestó que México ha pretendido construir una “realidad paralela” frente a los hechos ocurridos a fines del 2022 con una perspectiva políticamente “ideologizada”.
“En tiempos recientes la presidente de México (Claudia Sheinbaum) ha tenido expresiones inaceptables y falsas en el sentido de que Pedro Castillo es un perseguido político”, dijo. “Se trata de dos personas que están siendo objeto de un proceso judicial con todas las garantías y no son perseguidos”.
El canciller peruano dijo que las relaciones consulares se mantienen para ayudar a los ciudadanos de ambos países.
(Reporte de Marco Aquino, reporte adicional de Kylie Madry desde Ciudad de México, editado por Javier López de Lérida)
