Por Fabio Teixeira
RÍO DE JANEIRO, Brasil, 31 oct (Reuters) -Las autoridades de Río de Janeiro dijeron el viernes que habían identificado a la mayoría de los muertos durante la operación policial más letal de la historia de Brasil, mientras se convocaban protestas para denunciar el elevado número de víctimas.
La operación, dirigida contra la banda Comando Vermelho, que controla el tráfico de drogas en varias favelas -barrios pobres y densamente poblados que se entretejen en el accidentado terreno de la ciudad-, causó el martes la muerte de 121 personas, entre ellas cuatro policías.
Felipe Curi, secretario de la policía civil de Río, dijo a periodistas que el viernes por la mañana se habían identificado 99 cadáveres. De ellos, 42 tenían órdenes de detención pendientes y 78 tenían antecedentes penales, dijo.
Las autoridades estatales han calificado la operación de éxito. El gobernador Claudio Castro dijo que las “únicas víctimas reales” fueron los policías muertos y que todos los demás muertos eran delincuentes.
El alto número de fallecidos ha suscitado las críticas de funcionarios de Naciones Unidas y especialistas en seguridad. “Estos actos pueden constituir homicidios ilegítimos y deben ser investigados de forma rápida, independiente y exhaustiva”, dijeron el viernes expertos de la ONU.
Algunos habitantes de la zona dijeron haber encontrado cadáveres con miembros atados y señales de tortura, lo que ha provocado protestas y reacciones políticas.
Movimientos sociales como los principales sindicatos, grupos de derechos humanos y partidos de izquierda convocaron una manifestación el viernes por la tarde cerca del complejo de favelas de Penha, donde tuvo lugar la redada.
Los manifestantes exigen el fin de las “incursiones militares” en las favelas y la rendición de cuentas por las víctimas, según un comunicado conjunto. También piden la destitución del gobernador Castro.
A pesar de las crecientes críticas, los responsables locales de seguridad siguieron defendiendo la operación.
“Actuamos de la forma más transparente posible. Fue una acción legítima del Estado tras un año de investigaciones”, dijo Curi. “No tenemos nada que ocultar”.
(Reporte de Rodrigo Viga Gaier y Fabio Teixeira en Río de Janeiro; información adicional de Emma Farge en Ginebra; edición en español de Javier López de Lérida)
