Por Wilfredo Pineda
TAMANIQUE, El Salvador, 17 oct (Reuters) – Temerosa de ser detenida por oficiales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y separada de sus dos hijas menores de edad, la salvadoreña Yessenia Ruano se autodeportó con su familia a mediados de junio desde Estados Unidos en busca de reconstruir sus vidas en el país centroamericano, del que huyó hace más de una década por la pobreza y violencia.
Ruano, una profesora de primaria de 38 años de edad, emigró ilegalmente a Estados Unidos en 2011 en busca del sueño americano. Llegó a la ciudad norteña Milwaukee, donde tenía familia, y por 14 años se labró una nueva vida: se casó con un salvadoreño, tuvo mellizas, compró una casa y tenía vigente un proceso de visa T, un beneficio de migración temporal para víctimas de trata de personas en Estados Unidos.
Trabajaba en una escuela pública e iba una vez al año a las oficinas de ICE para reportarse. Pero desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero, todo cambió: ahora debía acudir a ICE una vez al mes y el miedo a una pronta deportación embargó a su familia. Finalmente, a fines de mayo, oficiales de ICE le advirtieron que debía esperar el proceso en El Salvador o de lo contrario sería detenida y deportada.
“El 30 de mayo, cuando me presenté con mi número de caso a ICE, me dijeron: ‘tienes que irte’. Me lo dijeron de una manera, como placentera: ‘tienes que irte'”, recordó Ruano durante una entrevista con Reuters en la casa de su suegra en Tamanique, un pequeño pueblo montañoso a una hora al suroeste de la capital, San Salvador, donde ahora vive con sus hijas y su esposo.
“Le tuve temor a la persecución de parte de la política antimigrante del Gobierno”, agregó. “No quería que me detuvieran (…) o no andar tranquila. Así que decidí empezar otra vez”.
Mientras la administración de Trump ha prometido implementar la “mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”, las autoridades han allanado lugares de trabajo, enviado a presuntos pandilleros venezolanos a una notoria prisión en El Salvador y desplegado a la Guardia Nacional y a la Infantería de Marina en servicio activo para contener las protestas antigubernamentales que se desataron en Los Ángeles a mediados del año.
Centenas de miles de personas han sido deportadas de Estados Unidos desde que Trump retomó la presidencia, el 20 de enero. Las expulsiones -muchas con bombos y platillos- han tenido un efecto en la comunidad migrante: preguntarse si es mejor quedarse y vivir con miedo a ser arrestado o irse y empezar de nuevo.
La familia dijo que, en algún momento, sopesó vivir furtivamente, pero finalmente acordó que “no era vida” permanecer en la sombra.
“LA NUEVA VIDA”
A principios de junio, la familia compró los boletos de avión para Ruano y sus dos hijas, Elizabeth y Paola, ambas de 10 años de edad y ciudadanas estadounidenses. Sin embargo, desde febrero habían comenzado a preparar su retorno donando ropa, armando maletas, vendiendo sus tres carros y enviando dinero de vuelta a El Salvador.
Su esposo Miguel Guerra, un profesor salvadoreño de 39 años de edad, también se autodeportó semanas más tarde junto a su perro Copito, un poodle blanco. Guerra también había emigrado de forma ilegal en 2008 y, desde entonces, trabajaba en construcción o en una factoría de pizzas congeladas.
Mientras ocupan dos cuartos de la casa de la mamá de Guerra en Tamanique, empiezan a planificar su nueva vida: quieren construir una vivienda propia con el dinero que lograron ahorrar en Estados Unidos. Allí, en Tamanique, nuevas casas se yerguen financiadas con el dinero de las remesas que envían los migrantes salvadoreños, la mayor diáspora latinoamericana en Estados Unidos después de los mexicanos.
Pese a las polémicas redadas y operativos de ICE, estadísticas oficiales muestran que el número de salvadoreños deportados desde Estados Unidos se ha reducido casi 24% entre enero y junio, frente al mismo período de 2024, para llegar a 5.551 personas.
Mientras tanto, el gobierno del popular mandatario Nayib Bukele, un aliado de Trump en las políticas migratorias, impulsó en agosto una ley para incentivar el retorno y establecimiento de salvadoreños que residen en el exterior, mediante estímulos económicos y sociales.
Desde entonces, unas 388 familias se han amparado a la normativa para ingresar sus pertenencias para el hogar y herramientas para iniciar sus emprendimientos que no sobrepasen los 100.000 dólares, según datos del Gobierno.
Por el momento, Ruano y Guerra no están laborando, pero planean solicitar trabajo como profesores, en construcción, turismo, o emprender un negocio de helados o tortillas, aunque son conscientes que los ingresos serán más bajos que en Estados Unidos.
La pareja descartó regresar a Estados Unidos de forma ilegal. Por ahora, dice, esperará a que sus hijas cumplan la mayoría de edad por si ellas deciden establecerse en Milwaukee, donde todavía mantienen una casa.
“Ahora tenemos que ver cómo adaptarnos a la nueva vida”, dijo Guerra.
(Reporte de Wilfredo Pineda en Tamanique, El Salvador; Editado por Diego Oré)
