CIUDAD DE MÉXICO, 3 oct (Reuters) – Un grupo de expertas de la ONU instó el viernes al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, a informar el paradero de más de 120 personas víctimas de “desaparición forzada” en el país centroamericano desde las protestas antigubernamentales de 2018, que fueron violentamente reprimidas por la fuerza pública.
En un comunicado divulgado en Ginebra, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU (GTDFI) señaló que entre los desaparecidos figuran líderes indígenas, mujeres, adultos mayores, personas ligadas a partidos políticos y sin afiliación política conocida, “percibidas como disidentes de las posiciones oficiales”.
“Todas las personas que intentan defender sus derechos corren el riesgo de ser víctimas de desaparición forzada en Nicaragua. Esto debe terminar de inmediato”, afirmó el Grupo, compuesto de cuatro mujeres y un hombre, todas ellas abogadas enfocadas en los derechos humanos.
El gobierno de Nicaragua no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de Reuters.
Aunque sus registros contabilizan más de 120 personas desaparecidas, el número real podría ser mayor, dijo el Grupo, ya que muchas familias y representantes legales temen denunciar los hechos por miedo a represalias.
“Estas desapariciones forzadas parecen ser ordenadas desde los más altos niveles de autoridad y están diseñadas para infundir temor en toda la sociedad, enviando el mensaje de que cualquiera que exprese una opinión diferente puede correr la misma suerte”, dijo el GTDFI.
Las expertas dijeron no haber recibido ninguna respuesta oficial de Managua a solicitudes enviadas desde 2018, y lamentaron que el Gobierno “no coopere” con el Grupo de la ONU, que le ha ofrecido colaboración y asistencia técnica.
Otro grupo de la ONU dijo a fines se septiembre que el gobierno comandado por Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, está extendiendo la represión contra sus opositores persiguiendo a nicaragüenses en el extranjero.
Nicaragua vive una crisis política desde abril de 2018, cuando una ola de protestas sociales fue brutalmente reprimida por policías y paramilitares, dejando unos 350 muertos, más de 2,000 heridos y cientos de miles de exiliados.
(Reporte de Gabriela Selser; Editado por Diego Oré)
