23 sep (Reuters) -El gobierno de Nicaragua está extendiendo su represión contra sus opositores más allá de sus propias fronteras, persiguiendo a nicaragüenses en el extranjero en el marco de una campaña cada vez más intensa para silenciar a los críticos en el exilio, dijo el martes el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU en su más reciente informe.
El documento de 36 páginas, presentado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, documenta cómo el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, ha perseguido a miles de nicaragüenses en el extranjero, muchos de los cuales huyeron de su país luego de la brutal represión tras las protestas antigubernamentales de 2018.
La persecución, dice el informe, se ha llevado a cabo a través de una serie de medidas severas que incluyen la privación arbitraria de la nacionalidad, prohibición de entrada al país, denegación de pasaportes, confiscación de bienes, vigilancia digital, amenazas, así como intimidación y castigo de familiares que permanecen en Nicaragua.
El GHREN sostiene que la “vigilancia transnacional” de los opositores se organiza a través de “una arquitectura de inteligencia de múltiples capas, en la que participan el ejército, la policía, el servicio exterior y agentes no estatales”.
“Funcionarios encubiertos e informantes realizan vigilancia física y digital de las personas objeto de interés, informan sobre sus movimientos y asociaciones, y en algunos casos las hostigan y amenazan directamente”, dijo el grupo de expertos, creado a fines de marzo de 2022 con el fin de investigar las presuntas violaciones y abusos a los derechos humanos cometidas en el país centroamericano desde las protestas de 2018.
“La Policía Nacional, en particular sus servicios de inteligencia, mantiene una estrecha coordinación con el ejército, compartiendo perfiles de disidentes e interceptando comunicaciones y datos sobre movilidad”, agregó.
El reporte destacó que el Gobierno emplea la “vigilancia digital” como “un pilar central” de su estrategia para controlar las voces disidentes en el exilio, y como parte de este, identificó un “patrón sostenido de espionaje digital patrocinado por el Estado contra personas exiliadas y sus familiares”.
La interceptación de llamadas telefónicas, el pirateo de plataformas de mensajería y la instalación de programas espía en dispositivos como teléfonos móviles y computadoras, son herramientas con las que el Gobierno monitorea a sus opositores.
A fines de febrero, el gobierno de Nicaragua se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, luego de que el organismo asegurara que Ortega y Murillo transformaron al país “en un estado autoritario donde no quedan instituciones independientes” y de violar derechos humanos para consolidar, aún más, su poder.
En abril, el GHREN identificó a 54 funcionarios nicaragüenses responsables de “represión sistemática”, entre ellos militares y miembros del partido gobernante.
Nicaragua vive una crisis política desde abril de 2018, cuando una ola de protestas sociales fue brutalmente reprimida por policías y paramilitares, dejando unos 350 muertos, más de 2,000 heridos y unos 100,000 exiliados.
(Reporte de Gabriela Selser; Editado por Diego Oré)
