Por Jan Wolfe
WASHINGTON, 19 nov (Reuters) -Un juez estadounidense dijo el miércoles que reanudaría el proceso judicial, estancado desde hace meses, en el que se determinará si los funcionarios de la administración Trump violaron deliberadamente una orden judicial al deportar a cientos de hombres a El Salvador en marzo.
El juez federal de distrito James Boasberg dijo que exigiría el testimonio bajo juramento de los funcionarios de la administración para determinar si desobedecieron su orden judicial de marzo de devolver los aviones que estaban expulsando a los hombres del territorio estadounidense.
“Parece que es necesario realizar una investigación de los hechos, y la mejor manera de proceder sería llamar a los testigos y hacer que testifiquen bajo juramento”, dijo Boasberg durante la reunión informativa de una hora de duración.
Un panel de tres jueces de un tribunal federal de apelaciones detuvo la investigación a principios de este año. Sin embargo, un panel más amplio de magistrados de apelación dijo el viernes que Boasberg “sigue teniendo libertad para exigir al Gobierno que identifique a los responsables de las decisiones que ordenaron las acciones potencialmente despectivas y que considere cuidadosamente los próximos pasos a seguir”.
Las declaraciones de Boasberg el miércoles dieron un nuevo impulso a su enfrentamiento con la administración Trump sobre los límites del poder presidencial. Al realizar el proceso por desacato penal, que puede dar lugar a multas u otras formas de censura, Boasberg ha despertado la ira de los aliados de Trump, que afirman que se ha extralimitado.
Boasberg pidió al Departamento de Justicia que presentara una propuesta el 24 de noviembre en la que se esbozaran los próximos pasos a seguir. Boasberg también solicitó una propuesta similar a los abogados que le presentaron el litigio en nombre de los hombres deportados.
El Departamento de Justicia no está de acuerdo con la interpretación de Boasberg de la orden del tribunal de apelación emitida la semana pasada, afirmando que carece de jurisdicción para llevar a cabo procedimientos por desacato. Además, también ha argumentado que la administración Trump no desobedeció deliberadamente ninguna orden judicial.
Boasberg concluyó en abril que la administración Trump parecía haber actuado “de mala fe” al organizar apresuradamente tres vuelos de deportación el 15 de marzo, al mismo tiempo que él llevaba a cabo procedimientos judiciales de emergencia para evaluar la legalidad de la medida.
Los venezolanos que eran objeto del litigio fueron liberados este verano de una prisión salvadoreña y regresaron a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros negociado por Estados Unidos.
(Reporte de Jan Wolfe en Washington; Edición de Daniel Wallis; Edición en Español de Sofía Díaz Pineda)
