Por Luis Jaime Acosta y Nelson Bocanegra
BOGOTÁ, 21 oct (Reuters) -Un tribunal revocó el martes una sentencia de 12 años de prisión domiciliaria contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe y lo absolvió por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, un fallo que representa un triunfo judicial para el político en la antesala de las elecciones del 2026.
Una juez condenó a Uribe en agosto último en medio de un proceso por manipulación de testigos, convirtiéndolo en el primer exmandatario sentenciado en la historia del país sudamericano, pero la defensa del político apeló el fallo argumentando errores de hecho y de derecho, “apreciaciones notoriamente sesgadas” y “vicios insubsanables”.
La decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que previamente revocó la detención domiciliaria contra Uribe ordenada por la juez 44 con función de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, pone temporalmente fin a un largo proceso profundamente polarizado de 13 años, en el que los partidarios del político alegaron una persecución y sus detractores pidieron justicia.
El fallo del tribunal, que mencionó negligencia, incoherencias y fallas de la juez al validar pruebas sugestivas y débiles en el fallo preliminar, puede ser apelado por la contraparte y revisado por la Corte Suprema, la máxima instancia de la justicia colombiana.
“El Tribunal Superior de Bogotá (…) resuelve absolver a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal”, dijo la parte resolutiva del fallo de 700 páginas, leído por el magistrado Manuel Antonio Merchán y que revocó la sentencia de la juez.
Uribe, de 73 años y quien gobernó Colombia por dos periodos consecutivos entre el 2002 y el 2010, se declaró inocente durante el juicio y en la apelación ante el tribunal calificó como un “fallo político” la decisión en primera instancia de la juez Heredia.
“Lo único que puedo decir es que he dicho la verdad a mis compatriotas a lo largo de esta extensa vida pública”, dijo Uribe en una declaración horas después de conocer el fallo.
FALLO EN ANTESALA DE CAMPAÑA POLÍTICA Y ELECCIONES
El fallo del tribunal se produce en el preámbulo de las campañas para las elecciones legislativas y presidenciales del 2026, en las que se elegirá un nuevo Congreso, así como el sucesor del mandatario izquierdista Gustavo Petro y en las que Uribe y varios de sus aliados competirán.
Estados Unidos, el principal destino de las exportaciones de Colombia y su mayor aliado en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, cuestionó a través del secretario de Estado, Marco Rubio, el fallo de primera instancia de la juez, por lo que Petro exigió respeto a la independencia del poder judicial.
La justicia de Colombia rechazó previamente dos solicitudes de la fiscalía para archivar el proceso contra Uribe, quien en el 2012 acusó al senador izquierdista Iván Cepeda de organizar un complot para vincularlo falsamente con escuadrones paramilitares durante visitas a exintegrantes de esos grupos en cárceles.
Pero en el 2018 la Corte Suprema de Justicia dijo que Cepeda, quien se declaró víctima en el proceso, recopiló información como parte de su trabajo sin pagar ni presionar a exparamilitares.
En cambio, la corte aseguró que Uribe presionó a testigos a través de terceros.
Cepeda anunció que interpondrá recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para que revise el fallo del tribunal que absolvió a Uribe.
El exmandatario impulsó durante su administración una ofensiva militar que obligó a la guerrilla izquierdista a replegarse como parte del conflicto armado de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos.
Uribe, quien fundó el partido derechista Centro Democrático, opositor al Gobierno de Petro, permaneció dos meses bajo arresto domiciliario en el 2020, después de que la Corte Suprema ordenó su detención citando riesgo de obstrucción a la justicia.
El político, quien renunció al Senado para facilitar el traslado del proceso a la fiscalía argumentando que la corte no le ofrecía garantías, recordó durante el juicio que extraditó a Estados Unidos a los jefes paramilitares que permanecían en una cárcel y seguían delinquiendo.
Los ilegales escuadrones paramilitares surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, terratenientes y comerciantes para protegerse de los ataques de la guerrilla, pero se desbordaron con sangrientos ataques.
Una comisión de la verdad reveló que los grupos paramilitares, la mayoría desintegrados en el 2005 en una negociación de paz que promovió Uribe, fueron responsables de al menos 205.000 asesinatos dentro del conflicto armado, más del 45% de los homicidios registrados.
(Reporte de Luis Jaime Acosta)
