LIMA, 6 oct (Reuters) -Empresas de transporte público de la capital de Perú pararon el lunes para demandar al Gobierno más acciones frente a un aumento del crimen y de las extorsiones, con bloqueos de algunas vías y quema de neumáticos en el norte de la ciudad.
El Gobierno exhortó a los empleadores en un comunicado a dar dos horas de tolerancia para el ingreso de sus trabajadores, y dispuso que las clases escolares en Lima se realicen bajo “la modalidad remota”, una decisión que fue tomada también por varias universidades públicas y privadas.
Miles de personas intentaban desde temprano y con dificultades abordar los pocos vehículos de transporte público que circulaban en Lima.
La policía se enfrentó a decenas de manifestantes que habían quemado neumáticos, mientras que un grupo de chóferes detuvo sus buses en una vía frenando por momentos el transporte de vehículos particulares.
El paro fue convocado por uno de los mayores gremios del sector después del asesinato a tiros el sábado de un conductor de bus, que fue interceptado por desconocidos en motocicleta, según reportes de la policía y de la empresa de transporte.
“No hemos conseguido nada en un año con reuniones con el Gobierno. La conversación en estos momentos debería ser con todo respeto, tal vez con el ministro (del sector), pero en compañía de la presidenta”, dijo Martín Ojeda, director de la Cámara de la Industria y Transporte que convocó el paro, a la radio RPP.
Ojeda dijo que al menos ocho empresas de transporte han tenido que suspender sus operaciones debido a las extorsiones y asesinatos de chóferes en Lima por parte de bandas criminales, principalmente en los sectores norte y sur de la capital.
Los denuncias de extorsión en Perú han crecido de 3.872 en el 2019 a unas 22.400 el año pasado, según datos de la policía difundidos por la Cámara de Comercio de Lima. Y entre enero y septiembre de este año llegaron a unas 18.430.
Asimismo, Perú anotó un récord de 2.082 homicidios en 2024 y entre enero y septiembre de este año ya sumaban 1.706, según el sistema nacional de defunciones.
La inseguridad ciudadana se ha convertido en la mayor preocupación del país, en momentos en que la aprobación a la gestión de la presidenta Dina Boluarte se mantiene desde el año pasado en mínimos históricos entre un 2% y un 4%, según encuestas.
Boluarte enfrenta constantes protestas de grupo civiles y recientemente de jóvenes identificados como la Generación Z, que demandan reformas sociales y lucha contra la corrupción.
(Reporte de Marco AquinoEditado por Javier López de Lérida)
