Por Gabriela Baczynska
BRUSELAS (Reuters) – El órgano ejecutivo de la Unión Europea propuso el miércoles nuevas leyes para intensificar la lucha contra la corrupción mediante la armonización de las definiciones y penas de los delitos de corrupción en todo el bloque, así como la introducción de sanciones para los extranjeros corruptos.
El proyecto entrará en vigor si lo aprueban los 27 Estados miembros y el Parlamento Europeo, que se vio sumido el año pasado en un escándalo de corrupción en Qatar.
Según una encuesta del Eurobarómetro de 2022, el 68% de los ciudadanos de la UE cree que la corrupción está muy extendida. Solo un tercio confiaba en la lucha contra la corrupción.
“Hay dos grandes factores que merman la confianza de la gente en la democracia: el abuso de poder y la corrupción. Y ningún país de la UE es totalmente inmune”, dijo Vera Jourova, subdirectora de la Comisión Europea responsable de valores democráticos.
“Por eso nos parece importante actuar”, añadió.
Según la propuesta, todos los países de la UE tendrían que adaptar sus códigos penales para armonizar las definiciones de los delitos de corrupción más allá del soborno, entre ellas la apropiación indebida, el abuso de funciones y el enriquecimiento ilícito.
Según la Comisión, la normalización de las definiciones jurídicas y las penas de cárcel correspondientes facilitaría las investigaciones transfronterizas.
Las circunstancias agravantes compartidas abarcarían los casos de corrupción entre representantes de alto nivel y los encargados de hacer cumplir la ley, así como la actuación por cuenta de una potencia extranjera, añadieron los responsables de la UE.
Entre las medidas preventivas más enérgicas figura el establecimiento de normas eficaces para informar y verificar los activos y conflictos de intereses en el sector público, así como los contactos con el sector privado.
Más allá de la UE, la propuesta crearía una lista negra de sanciones para los extranjeros considerados corruptos.
A las personas incluidas en la lista —una decisión que requeriría siempre la unanimidad de los 27— se les prohibiría visitar la UE y se les inmovilizarían sus activos en el bloque, en una política similar a la Ley Magnitsky estadounidense.
(Reporte de Gabriela Baczynska; edición de Alison Williams; editado en español por Flora Gómez)
